Decreto Supremo N° 004-2013

Durante los últimos diez años, el Perú ha logrado una de las tasas de crecimiento económico de la región más altas. Casi se triplica el Ingreso Nacional Bruto por persona, a la vez que las tasas de pobreza han disminuido en la mitad. Desde el año 2010, el Perú se encuentra en el grupo de países de nivel de ingresos medio alto. Este crecimiento se vio acompañado por un crecimiento similar de los ingresos estatales. Desde el año 2005, la recaudación fiscal aumentó un 13% por año, y el presupuesto público del año fiscal 2013 se planificó en más del doble de presupuesto fijado a principios del año 2006, aumentando de S/.53,929 millones a S/.108,419 millones.

No obstante, este gran crecimiento económico y presupuestario no se vio acompañado de un crecimiento parejo de la capacidad estatal para invertir adecuadamente lo recaudado y así producir las condiciones para un mayor crecimiento sostenible que suponga un desarrollo tanto económico como social. Aunque es cierto que recientemente el Perú ha escalado seis posiciones en el Índice Global de Competitividad 2012-2013 elaborado por el Foro Económico Mundial, avanzando 31 puestos en la variable de estabilidad macroeconómica, todavía conserva un desempeño deficiente en cuestiones importantes como innovación (posición 117 sobre 144), instituciones (posición 105), educación primaria y salud (posición 91). En lo relativo a las instituciones, destaca el desempeño en cuestiones como la confianza política (posición 127) o la carga de la regulación gubernamental (posición 128).

El bajo cumplimiento estatal se ve reflejado en la poca confianza de la población en el Estado y bajo nivel de satisfacción ciudadana. Si tomamos como referencia el Latinobarómetro 1995-2011, podemos ver como los niveles de satisfacción con la democracia en el Perú están por debajo del promedio de la región, ya que alcanzan un 31% en el Perú frente a un 39% en América Latina. En consideración a este indicador, sólo el 14% de la población peruana piensa que la distribución de la riqueza en el Perú es justa, lo que plasma un alto porcentaje de insatisfacción hacia el sistema económico y político en el país. Asimismo se ven reflejados los altos niveles de conflictividad social que perjudican la gobernabilidad democrática.

Por ello, desde ya mucho tiempo en el Perú, la ciudadanía exige un mejor Estado, presente, activo y efectivo en todo el territorio nacional.

Pese a que tanto la recaudación fiscal como el presupuesto público se han incrementado notablemente en los últimos años, las entidades públicas siguen teniendo dificultades para proveer eficaz, transparente y eficientemente los servicios públicos de calidad.

Hace una década comenzó un profundo proceso de transformación con el objetivo de acercar el Estado a la sociedad de una forma más homogénea en todo el territorio. Este proceso de transformación significó la transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los distintos gobiernos regionales y locales para que, en el ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa sirvieran de forma más cercana y efectiva a la sociedad peruana. El proceso de descentralización satisfizo una serie de aspiraciones y necesidades anteriormente pospuestas, además ha originado nuevas expectativas por mayor inclusión y oportunidades para el desarrollo.

No obstante, esta transferencia de funciones y este aumento de los recursos no han ido acompañados de mejores capacidades descentralizadas de gestión. Comenzar dicho proceso de descentralización en un contexto como en el que se encuentra el Perú ha conllevado a que las limitaciones expuestas por las entidades del Gobierno Central se vean representadas a nivel descentralizado. Como consecuencia de esto, tanto las entidades públicas nacionales, como las regionales y locales no manifiestan poseer las capacidades de gobierno y de gerencia necesarias para proveer más y mejores bienes y servicios públicos a la sociedad en todo el país.

Las carencias estatales generan un impacto en la vida de la sociedad, de sus ciudadanos y en las actividades empresariales, lo que produce una serie de consecuencias tanto en el bienestar de la sociedad, como en la competencia empresarial, la legitimidad de los gobiernos, y con ello en el sistema democrático y en las instituciones. Teniendo en cuenta estas consecuencias llegamos a la conclusión de la necesaria política integradora de modernización de la gestión pública, con el objetivo y el interés de garantizar que cada una de las entidades de los diferentes niveles de gobierno actúen de forma articulada y consistente con intención de mejorar el desempeño general del Estado en el servicio de la sociedad peruana.

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